Resumen: La Sala anula la sentencia recurrida y acuerda suspender el procedimiento laboral, al haber impugnado la empresa en juicio un documento por considerarlo falso y haber presentado querella criminal acusando al demandante de falsedad documental por ello. La decisión se funda, esencialmente, en la idea de que tal documento que aportó el demandante es de suma trascendencia para calificar el despido, puesto que el Juzgado ha calificado el despido como nulo, al entender que supuso un ataque a la libertad sindical del demandante, pues había hecho una serie de manifestaciones públicas contra la empresa, con motivo de la crisis COVID-19 y se iba a presentar a candidato a elecciones sindicales que se iban a promover de inmediato. Ese documento haría ver que la empresa conocía estas circunstancias. El Tribunal explica los requisitos que se han de dar para acordar la nulidad de actuaciones y resaltando su carácter excepcional, considera que esa excepcionalidad se da en el caso concreto por las razones expuestas. El despido disciplinario del que trae causa este proceso, lo fue por falta de rendimiento mínimo exigible y afectó a varios trabajadores de la demandada, que también hicieron ese tipo de declaraciones, habiendo conocido ya la Sala de otro de ellos. Previamente, la Sala inadmite la admisión de tres documentos que la empresa recurrente pretende aportar en suplicación, uno de ellos es la copia de esa querella.
Resumen: No es posible que una Administración Pública invoque causas productivas para extinguir el contrato de trabajo del personal laboral, al no tener la naturaleza de una empresa, y menos privada, que tenga como fin colocar productos en el mercado. El despido sin causa aunque haya tenido lugar en el ámbito del marco de la pandemia COVID debe ser calificado de improcedente. La obligación de readmisión contemplada en el artículo 96.2 del Estatuto Básico del Empleado Público se genera únicamente en los supuestos de despido improcedente disciplinario, no en supuestos en el que la causa del cese es completamente ajena a una sanción disciplinaria.
Resumen: Conflicto colectivo. Modificación sustancial de condiciones de trabajo, inaplicación de convenio y negociación simultanea de la recuperación del permiso retribuido recuperable obligatorio. Las medidas adoptadas en el acuerdo son: recuperación de horas. Jornada de 1826 horas y posibilidad de distribución irregular. Recuperación desde la fecha del acuerdo a 30-6-2022. La AN estima la demanda y anula y deja sin efecto el acuerdo. Atendiendo al objeto pretendido-la recuperación de horas no trabajadas pero abonadas durante el estado de alarma-sin haber acudido al procedimiento de suspensión de contratos, se considera que el acuerdo alcanzado con el sindicato mayoritario es en fraude de ley porque su objetivo no descansa en resolver una causa ETOP preexistente a la negociación. Además , se estima vulnerado el principio de correspondencia al negociar unitariamente el descuelgue de veintinueve convenios y también incurre en fraude de Ley cuando se pretende que lo acordado supere el plazo de vigencia de los convenios descolgados.
Resumen: Impugnación de actos administrativos. La Dirección General de Trabajo rechaza el ERTE presentado por fuerza mayor. La AN estima que resulta ajustada a derecho la Resolución administrativa que declaró no constatada la existencia de Fuerza Mayor en empresa dedicada a limpieza de edificios y locales, prestando servicios para gran numero de clientes. No se acredita que la actividad de la empresa se encuentre entre las afectadas por las medidas de contención contempladas en el articulado y en el anexo del RD 463/2020, de 14 de marzo , modificado por RD 465/2020, de 17 de marzo. La empresa no acredita que el cierre de las instalaciones de los clientes obedezca a causa de fuerza mayor, siendo evidente que muchos de ellos no se han visto afectados por las prohibiciones previstas en el Real Decreto 463/2020. No siendo suficiente a los efectos de su calificación como determinantes de una situación de fuerza mayor las referencias a la pérdida de clientela por suspensión del contrato mercantil, u otras razones similares que necesariamente han de ser reconducidas a las causas técnicas, organizativas o de producción definidas legalmente.
